El Gobierno asegura que cancelará antes de mayo los $350.000 millones restantes de la deuda del PAMI con las prestadoras, luego de haber comenzado este miércoles con transferencias de hasta $150.000 millones para destrabar el conflicto. En el Ejecutivo reconocen que el pasivo total asciende a $500.000 millones y sostienen que la regularización del flujo de pagos es ahora una de las prioridades.
Según fuentes oficiales, los desembolsos ya empezaron a ejecutarse y la intención del oficialismo es completar el esquema en las próximas dos semanas. El ministro de Salud, Mario Lugones, reconoció la crisis en el organismo, pero aseguró que los pagos a prestadores se están ejecutando.
La deuda con prestadoras, clínicas, sanatorios, médicos y farmacias escaló en las últimas semanas hasta convertirse en uno de los focos de mayor preocupación dentro de la Casa Rosada. El conflicto derivó en reuniones entre los equipos de Salud y Economía y encendió alarmas en Balcarce 50 por el riesgo de que se profundizaran las medidas de fuerza y se afectara la atención de los afiliados.
Ese escenario se agravó con el paro de 72 horas de médicos de cabecera, que coincidió con reclamos por atrasos en prestaciones y con movilizaciones frente a la sede central del organismo y al Congreso. En el oficialismo admiten que hubo inquietud por la posibilidad de que la tensión escalara en medio de una crisis sensible por el volumen de afiliados alcanzados y por el impacto político que tendría una interrupción extendida en el sistema.
En el Gobierno argumentan que la situación empezó a “ordenarse” con los primeros desembolsos y relativizan la idea de una crisis estructural. Sostienen que una parte importante del monto reclamado corresponde a deuda corriente de pocas semanas y que el objetivo es restablecer previsibilidad en el circuito de pagos para evitar nuevos cortocircuitos con el sistema prestador.
La discusión de fondo, sin embargo, excede este atraso puntual. En el Ejecutivo reconocen que el PAMI viene atravesando una situación financiera delicada y que la dependencia de asistencia externa quedó más expuesta en un contexto de restricciones fiscales. La decisión de Economía de habilitar transferencias para comenzar a cancelar la deuda muestra que la presión de las prestadoras y el conflicto con los médicos obligaron a acelerar una solución de emergencia.
A eso se suma el malestar que generó la resolución que modificó el esquema de ingresos de los médicos de cabecera. Mientras la Casa Rosada la presenta como una reconfiguración para ordenar el sistema y simplificar el nomenclador, en sectores profesionales la interpretan como un recorte encubierto que deteriora aún más la relación con el Instituto. Esa tensión convivió en los últimos días con la discusión por la deuda y terminó de tensionar el cuadro general.
En Balcarce 50 apuestan ahora a cerrar el frente financiero antes de mayo para bajar la conflictividad y desactivar el riesgo de nuevas protestas. La intención oficial es mostrar que el flujo de pagos comenzó a normalizarse y que el PAMI podrá salir de la crisis sin un colapso prestacional. Pero en el entorno del jefe de Estado advierten que la deuda acumulada, la fragilidad presupuestaria del organismo y el conflicto con los médicos dejaron expuesta una de las áreas más sensibles de la gestión.
