La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuso la retención de subsidios y una auditoría integral al sistema de compensaciones estatales para el transporte urbano, tras denuncias que señalan maniobras irregulares por parte de algunas empresas para inflar los montos que reciben del Estado.
Las acusaciones apuntan especialmente al grupo La Nueva Metropol, señalado por otras empresas del sector de modificar la asignación de boletos para aumentar el monto de subsidios. La presunta maniobra consistiría en entregar boletos de recorridos largos a pasajeros que realizan trayectos cortos, lo que eleva la compensación que liquida el Estado. Según las cámaras empresarias, esto podría haber generado un desvío estimado en 30.000 millones de pesos.
En respuesta, la Secretaría de Transporte instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios a realizar de inmediato una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, extendiendo el control a todas las empresas. La auditoría contará con el apoyo técnico de Nación Servicios S.A. y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), e incluirá fiscalizaciones prácticas en las unidades. El objetivo es implementar correcciones que eviten futuras irregularidades y asegurar la transparencia en el uso de recursos públicos.
La situación puso en evidencia las tensiones generadas tras la modificación del sistema de subsidios impulsada por la resolución 45/2024, que pasó de calcular las compensaciones en base a la oferta (kilómetros, combustible) a hacerlo según la demanda efectiva de pasajeros, con datos del SUBE. Esta transición habría dejado al descubierto desplazamientos inusuales en la validación de boletos.
Las medidas se aplicarán de manera transitoria mientras se verifica técnicamente lo ocurrido. Desde el grupo señalado rechazan las acusaciones y atribuyen los cambios a la adaptación a la nueva normativa, que busca corregir la llamada “evasión gris”.
Paralelamente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias retomarán este viernes la negociación salarial en la Secretaría de Trabajo, en un encuentro considerado clave para evitar un paro que dejaría sin colectivos a millones de usuarios del AMBA. El sindicato reclama elevar el salario básico, actualmente en $1.370.000, a más de $1.550.000, mientras que las empresas sostienen que no pueden convalidar el aumento sin una actualización de subsidios o un ajuste de tarifas.
