Paraguay atraviesa una profunda crisis institucional luego de que el Senado aprobara por unanimidad la destitución del presidente Santiago Peña. La decisión se produjo en medio del escándalo financiero por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y desató una ola de protestas en el país .
La votación terminó con 44 votos a favor de la condena política del mandatario, quien había presentado su renuncia el jueves. Sin embargo, el Congreso rechazó esa salida y decidió continuar con el juicio político, por lo que Peña debió enfrentar el proceso legislativo.
Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana quedó a cargo de completar el mandato presidencial hasta 2028. Una comisión bicameral del Congreso tenía previsto tomarle juramento para formalizar su llegada al Ejecutivo.
El conflicto político tiene como principal antecedente la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera cuya situación generó preocupación entre los ahorristas y puso bajo cuestionamiento los mecanismos de supervisión bancaria.
El cierre del banco dejó a millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus depósitos. Frente a esta situación, el Banco Central de Paraguay comenzó a implementar un esquema de devolución de garantías para los afectados.
Según informó José Maciel, integrante del Fondo de Garantía de Depósitos del organismo monetario, “El proceso de pago de anticipos de garantía a los depositantes de Ueno Bank comenzó el jueves por la tarde”.
La crisis también tuvo consecuencias sobre el empleo. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Trabajo, alrededor de 7.000 puestos laborales, entre directos e indirectos, resultaron afectados por el derrumbe de la entidad y sus empresas vinculadas.
La situación provocó movilizaciones en Asunción, donde manifestantes y ahorristas reclamaron respuestas por la pérdida de acceso a sus fondos y exigieron responsabilidades políticas.
Durante las protestas se registraron incidentes frente a una sucursal de Ueno Bank y enfrentamientos con efectivos policiales. También hubo concentraciones frente al Congreso, donde ciudadanos siguieron el desarrollo del juicio político.
En paralelo, la defensa de Peña cuestionó la legalidad del procedimiento. Su abogado, Ricardo Preda, sostuvo que el proceso no respetó las garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa.
Desde el sector acusador, el diputado Adrián Vaezken solicitó que el Senado declarara la responsabilidad política del mandatario por mal desempeño de sus funciones.
La crisis también provocó repercusiones internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió que la resolución del conflicto se mantuviera dentro del marco constitucional y reclamó preservar la paz social y las instituciones democráticas.
