El Gobierno de Bélgica declaró una emergencia nacional por la creciente ola de violencia vinculada al narcotráfico en Bruselas, luego de que la capital registrara 6 tiroteos en apenas 4 días. Desde enero, ya se contabilizaron 65 episodios de este tipo, una cifra que iguala el total registrado durante todo el año pasado .
La situación llevó al Gobierno federal a anunciar un refuerzo de las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la capital, especialmente en los barrios de Anderlecht, Saint-Gilles y Molenbeek, donde se concentraron varios de los hechos recientes.
El ministro del Interior, Bernard Quintin, calificó el escenario como una emergencia nacional y sostuvo que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad para todos los niveles del Estado. En ese marco, anunció el despliegue de un pelotón adicional de infantería, además del fortalecimiento de las unidades especiales de la Policía y de la Policía Judicial Federal de Bruselas.
La escalada de violencia también generó tensión entre las autoridades federales y municipales. Los alcaldes de las localidades afectadas reclamaron una mayor intervención del Gobierno nacional y cuestionaron que los recursos enviados hasta el momento no resultaran suficientes para contener la situación.
Entre las alternativas analizadas se encuentra la aplicación del artículo 43 de la ley sobre la función policial, que permite solicitar agentes federales adicionales ante amenazas graves e inminentes para el orden público cuando las fuerzas locales no alcanzan.
Quintin rechazó, sin embargo, las críticas relacionadas con una supuesta falta de efectivos en Bruselas y sostuvo que la capital no dispone de menos policías que Amberes. El funcionario atribuyó la situación actual a entre dos y tres décadas de decisiones pendientes en materia de seguridad.
Ante el avance de la violencia, las autoridades regionales convocaron al Consejo Regional de Seguridad, con participación del ministro del Interior, representantes policiales, fiscales, autoridades antidrogas y alcaldes de la Región de Bruselas-Capital.
El objetivo es coordinar una estrategia de mayor alcance para combatir las organizaciones criminales y el mercado de drogas, además de reforzar los recursos humanos y materiales destinados a la seguridad.
La región también prevé designar desde septiembre a un comisionado regional de drogas y destinó 68 millones de euros durante este año a políticas de seguridad y prevención.
La crisis ya provocó además reacciones entre vecinos y comerciantes, que organizaron protestas para reclamar una respuesta más rápida frente al avance del crimen organizado.
Con la declaración de emergencia nacional, el Gobierno belga busca coordinar una respuesta federal ante una problemática que dejó de ser considerada exclusivamente local y que pone nuevamente en el centro del debate la capacidad del Estado para contener la violencia asociada al narcotráfico.
