Allanan la Bolsa de Comercio
La justicia federal de Resistencia ordenó este martes una serie de allanamientos en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras que habrían provocado un perjuicio económico de más de 1.500 millones de pesos a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y a otros inversores institucionales .
Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en la sede de la Bolsa de Comercio del Chaco, en Resistencia; en la Municipalidad de Sáenz Peña; y en los domicilios particulares del secretario de Gobierno de esa comuna, Diego Landriscina, y de la secretaria de Economía, María Alejandra Quintana. Las medidas fueron impulsadas por el fiscal federal Patricio Sabadini y autorizadas por la jueza Zunilda Niremperger .
Fuentes judiciales confirmaron que el gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, fue interceptado en el peaje de Makallé cuando se dirigía a Sáenz Peña. Si bien se secuestró su teléfono celular, no está detenido y continuó viaje hacia la ciudad termal, donde se presentaría ante el fiscal Marcelo Soto para prestar declaración, acompañado por su abogado defensor, Adrián Gaitán .
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons y concejales justicialistas de Sáenz Peña, que alertaron sobre la inversión de fondos públicos en instrumentos financieros de alto riesgo no autorizados por el Ejecutivo municipal . Según la investigación, el Municipio habría operado en el mercado de cheques no garantizados a través de la Bolsa de Comercio, con un presunto desvío de los parámetros de inversión conservadora que establece la normativa para los recursos públicos .
Las pérdidas para la comuna de Sáenz Peña ascenderían a unos 1.500 millones de pesos, aunque otras fuentes elevan la cifra a 1.800 millones . Además, se estima que alrededor de 50 organismos —entre municipios, consejos profesionales y colegios— habrían resultado damnificados por operatorias similares, aunque muchos evitaron radicar denuncias para no exponerse públicamente .
Paralelamente, la investigación evalúa el posible rol de Diego Landriscina, secretario de Gobierno de Sáenz Peña, quien habría intentado inscribirse como agente productor ante la Comisión Nacional de Valores, trámite que fue rechazado por su condición de Persona Políticamente Expuesta. La Justicia investiga si pudo haber percibido comisiones equivalentes a las de un operador habilitado y si existieron pagos por cheques que luego cayeron en default .
En los allanamientos participaron efectivos de la Policía Federal Argentina y personal de la AFIP-ARCA, que secuestraron documentación física y respaldos electrónicos vinculados a las operaciones financieras bajo investigación . Los voceros oficiales desmintieron que se haya ordenado un allanamiento en la Municipalidad de Charata, como había circulado en algunos trascendidos.
