El Gobierno nacional reglamentó el Régimen Penal Tributario y del Procedimiento Tributario, conocido como “Ley de Inocencia Fiscal”, que busca incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón” y relajar los controles patrimoniales. La norma entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
Entre los puntos principales, se eleva el umbral de evasión simple de 1,5 millones a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada de 15 millones a 1000 millones de pesos. Además, el plazo de prescripción del delito tributario se reduce de 5 a 3 años, lo que significa que quienes se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en los próximos meses no podrán ser investigados a partir de 2029.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) señaló que la ley “viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”. Bajo el nuevo marco, evadir ya no será automáticamente un delito penal: quien sea notificado podrá resolverlo pagando su deuda sin afrontar una causa penal.
Para adherir al régimen, los contribuyentes deberán tener ingresos totales de hasta $1000 millones anuales y un patrimonio total de hasta $10.000 millones, sin ser Gran Contribuyente Nacional. ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada que podrá ser revisada, modificada y presentada.
La reglamentación establece una presunción de exactitud de las declaraciones presentadas bajo la modalidad simplificada, otorgando mayor seguridad jurídica. ARCA solo podrá impugnarlas en casos excepcionales definidos por ley. Además, ya no analizará automáticamente el incremento patrimonial, incluidos depósitos bancarios.
Se incorpora una reducción del 50% en multas para quienes regularicen dentro de los 45 días posteriores al vencimiento. También se limita la posibilidad de que ARCA denuncie automáticamente ante la Justicia penal, especialmente en casos de diferencias por criterios interpretativos o técnicos.
