El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, poniendo en marcha un esquema integral de políticas, prestaciones y un nuevo régimen de pensiones no contributivas. La medida llega tras un fallo judicial que declaró inválida la suspensión de la ley por motivos presupuestarios y ordenó su aplicación inmediata.
La ley, sancionada por el Congreso en julio de 2025 pero sin aplicación efectiva hasta ahora, declara la emergencia en materia de discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. En diciembre, el juez federal Adrián González Charvay ordenó su “inmediata puesta en marcha”, considerando que condicionar su vigencia al presupuesto era incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado.
Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación del nuevo régimen de “Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social”. El decreto define los criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades y procedimientos administrativos. El monto del beneficio equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio, con posibles incrementos en casos de invalidez laboral o residencia en zonas desfavorables. Además, es compatible con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos.
La norma establece la conversión automática de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad al nuevo esquema, previa verificación administrativa. Esto implica un proceso de revisión de miles de prestaciones vigentes en todo el país.
Otros puntos clave incluyen la declaración de las prestaciones del sistema de la Ley 24.901 como de interés público nacional, la obligación del Estado de financiar una compensación de emergencia para cubrir el atraso entre aranceles e inflación, y la creación de un sistema de auditorías periódicas con garantías de debido proceso. El Poder Ejecutivo deberá presentar un informe anual público sobre presupuesto, pensiones y políticas implementadas.
La reglamentación centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud y refuerza los esquemas de control estatal, buscando dar respuesta al deterioro acumulado del sistema de prestaciones en un contexto de emergencia social.
