Diputados de diversas bancadas unificaron su presentación en la noche del miércoles ante el Congreso, exigiendo un juicio político para destituir al presidente de Paraguay Santiago Peña, asi como al vicepresidente Pedro Alliana. Todo esto en el contexto de la crisis bancaria que dejó a unos tres millones de personas con sus depósitos congelados.
La iniciativa provocó una nueva escalada de tensión política, mientras cientos de manifestantes salieron a las calles de Asunción para reclamar la devolución de su dinero y se enfrentaron con la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.
Todo esto se generó a partir que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, una de las mayores entidades financieras del país, por insuficiencia de capitales. La sesión en la Cámara de Diputados para tratarse la destitución fue convocada para este jueves a las 10.
La acusación presentada ante el Congreso solicita iniciar un juicio político contra Peña por “el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo”. El mandatario también enfrenta cuestionamientos por un presunto conflicto de intereses y por el aumento de su patrimonio.
La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central decidió intervenir la entidad y suspender sus servicios. Casi la mitad de los 6,4 millones de habitantes de Paraguay tienen cuentas en ese banco. El agravante es que el actual presidente Peña había tenido acciones de un grupo empresarial que controlaba Ueno Bank, aunque se desvinculó de esa participación en 2025.
El escándalo también provocó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y derivó en la detención de ocho directivos de Ueno Bank, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, después de una denuncia presentada por el organismo regulador ante la Justicia.
En la noche del miércoles, cientos de personas volvieron a manifestarse en Asunción, donde reclamaron la devolución de sus ahorros y exigieron la salida del presidente. La protesta derivó en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, que intentaron dispersar a la multitud mediante camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Pese al operativo, numerosas personas continuaron con la movilización.
Los testimonios de las personas que se movilizaron fueron difundidas en diversos medios de comunicación. Expresiones como “Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar” o “Perdí los ahorros de toda mi vida”, se repetían con diversos matices.
Devolución en parte
Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno paraguayo anunció un mecanismo para devolver una parte de los depósitos congelados. Peña promulgó este miércoles una ley aprobada rápidamente por el Congreso que, según explicó, “permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde”.
La norma establece que los pagos deberán realizarse en los próximos cinco días. El Banco Central precisó que los afectados recibirán un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1675 dólares.
El futuro del presidente paraguayo dependerá de las negociaciones parlamentarias y, especialmente, de la posición que adopten los legisladores del Partido Colorado. Si la Cámara baja aprueba la acusación, el procedimiento pasará al Senado, que será el encargado de desarrollar el juicio. Allí la oposición necesitará conseguir el respaldo de una parte del oficialismo para avanzar con el juicio político, ya que el partido gobernante tiene mayoría propia.
Los legisladores que impulsan el juicio político acusan a Peña de haber tomado “decisiones regulatorias presuntamente favorables a Ueno Bank” y cuestionan la concentración de fondos previsionales en la entidad, debido a sus anteriores vínculos comerciales con el grupo que la controlaba.
Peña asumió la presidencia en 2023 y su mandato constitucional se extiende hasta 2028. Por el momento, continúa en el cargo: el pedido de juicio político deberá superar las instancias parlamentarias correspondientes para que pueda concretarse su destitución.
