La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo elemento bajo análisis: movimientos detectados en dos billeteras virtuales, Binance y Lemon, vinculadas al funcionario por más de 100.000 dólares. Esos fondos ahora se agregan al cálculo patrimonial que realizan la Justicia y la fiscalía sobre dinero que, en principio, no estaría declarado.
Los investigadores analizan entradas y salidas de dinero registradas en ambas plataformas digitales (utilizadas principalmente para comprar y vender criptomonedas) mientras avanzan los cruces de información financiera y bancaria sobre Adorni y su entorno. La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan si los gastos, inversiones, movimientos financieros y operaciones inmobiliarias detectadas desde fines de 2023 son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
En paralelo, los investigadores esperan un informe de la DAFI, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal. En la Justicia creen que, a partir de la información reunida hasta ahora, podría avanzarse con un requerimiento formal de justificación patrimonial.
Ese eventual requerimiento apuntaría especialmente a los pagos realizados en efectivo que aparecen en el expediente y que, según entienden los investigadores, no figuran declarados. La medida todavía no tiene fecha definida, aunque una vez emitida, Adorni tendría un plazo de 15 días para responder y presentar documentación respaldatoria.
La investigación también podría sumar en los próximos días la intervención de ARCA para profundizar el análisis sobre presuntos pagos no registrados. Según trascendió, el objetivo sería que el organismo fiscal revise operaciones vinculadas no solo a Adorni, sino también a otras personas mencionadas en el expediente, como el contratista Matías Tabar y Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron como acreedoras en la venta del semipiso adquirido por el funcionario.
Según los números incorporados hasta ahora al expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 los gastos detectados superan los 452.000 dólares, mientras que las deudas bajo análisis rondan los 335.000 dólares. La Justicia también revisa viajes y gastos realizados en destinos como Aruba, Bariloche, Punta del Este, Río de Janeiro e Iguazú.
Hasta el momento, Adorni negó haber incurrido en enriquecimiento ilícito y sostuvo ante su entorno que podrá justificar tanto los gastos ya realizados como las obligaciones económicas pendientes.
