La Cámara de Diputados aprobó en general el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto obtuvo 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID y otros bloques provinciales.
La iniciativa, impulsada por Patricia Bullrich, establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros cometidos por adolescentes. Para delitos con condenas menores a 10 años, prevé penas alternativas como amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño o prohibición de acercamiento a la víctima.
El proyecto pone especial énfasis en la creación de institutos especiales para menores condenados, donde se garantice el derecho a la educación, atención médica y tratamiento contra adicciones. El personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia, y queda prohibida cualquier convivencia con detenidos mayores de edad.
También se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención de todas las partes y consentimiento de la víctima. La norma reconoce expresamente los derechos de las víctimas dentro del proceso: a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico y asistencia psicológica.
El debate expuso las principales grietas. Laura Rodríguez Machado (LLA) señaló que la ley vigente desde 1980 “no previene, no resocializa y no repara”. Desde el peronismo, Juan Grabois cuestionó que “no es un problema de bajar o no bajar la edad”, y reclamó herramientas para abordar la salud mental y los consumos problemáticos. Juan Carlos Molina preguntó: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación?”.
El Frente Renovador acompañó la baja de la edad en la votación particular, argumentando “respetar la posición histórica del espacio”, que en 2015 presentó un proyecto de Código Penal con el límite en 14 años.
El proyecto incluye una partida presupuestaria de $23.739 millones para su implementación, distribuida entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, luego de que los gobernadores advirtieran que no acompañarían si los costos recaían exclusivamente en las provincias.
La iniciativa pasa ahora al Senado, donde el oficialismo confía en aprobarla definitivamente antes de que finalicen las sesiones extraordinarias.
