La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reabrió el histórico debate sobre la autonomía del organismo y su injerencia política, en un contexto donde se postergó la aplicación de un nuevo índice de precios al consumidor (IPC) actualizado.
Lavagna, quien asumió en diciembre de 2019 durante el gobierno de Alberto Fernández y se mantuvo en el cargo tras la asunción de Javier Milei, presentó su dimisión este lunes. Su continuidad había sido leída como un símbolo de la intención de mantener un perfil técnico y despolitizado en la producción estadística. Incluso se había propuesto separar al Indec de la órbita del Ministerio de Economía para acentuar su independencia, una medida que finalmente no se concretó.
Sin embargo, según análisis posteriores a su salida, el desencuentro clave habría sido la decisión del Poder Ejecutivo de postergar la implementación de un nuevo IPC, cuya canasta de bienes y servicios actualiza los patrones de consumo de los hogares argentinos a datos de 2017-2018, reemplazando la obsoleta base de 2004.
El nuevo índice, que duplica la ponderación de las tarifas de servicios en la medición, estaba listo para su aplicación desde hace meses. Lavagna consideraba que enero era el momento técnico y políticamente oportuno para iniciar su uso, evitando recalcular series históricas anuales. No obstante, desde el Gobierno se ordenó suspender su aplicación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la postergación tras designar a Pedro Lines, número dos del organismo, como reemplazante interino de Lavagna. Caputo argumentó que el nuevo método se implementará “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”. Curiosamente, fuentes técnicas del Indec estiman que la inflación de enero hubiera sido similar con la nueva fórmula, aunque se especula que los aumentos tarifarios en carpeta podrían haber influido en la decisión.
Analistas señalan que, de haberse aplicado el nuevo IPC durante 2025, la inflación reportada hubiera sido al menos dos puntos porcentuales más alta, debido al mayor peso de los servicios. Para Lavagna, la postergación habría significado que la prometida autarquía del organismo seguía siendo esquiva, perpetuando la injerencia política para que las estadísticas se ajusten a las necesidades del gobierno de turno.
La salida de Lavagna se enmarca en una tensión más amplia dentro del espacio libertario, donde el exdirector tenía vínculos con sectores del armado original (como Ramiro Marra y Eugenio Casielles) que luego fueron desplazados por el círculo de Karina Milei.
El episodio revive una discusión recurrente en Argentina: si las estadísticas públicas deben servir a la política o preservar una independencia técnica que les otorgue credibilidad. La designación de Pedro Lines al frente del Indec, confirmada por Caputo, mantiene la incógnita sobre el futuro rumbo del organismo.
