El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, realizó un fuerte descargo en una entrevista exclusiva con un medio local, explicando los motivos por los cuales entregó 32 viviendas de una obra paralizada del IPDUV a familias necesitadas, y acusando al gobierno provincial de discriminación política contra su municipio.
Martínez centró su argumento en una ordenanza municipal que, según afirma, donó el terreno al Instituto Provincial de la Vivienda (IPDUV) con un cargo: que la obra se finalizara en un plazo máximo de dos años. Al vencerse ese plazo sin que la obra se reactivara –luego de que el gobierno nacional cortara su financiamiento y la provincia no la asumiera–, el intendente sostiene que el inmueble y lo construido revirtieron automáticamente al municipio. “Ese inmueble es municipal y todo lo construido… yo tomé una decisión de entregar eso como está, para que 32 familias tengan la vivienda digna”, declaró.
El conflicto se originó tras la paralización de una obra del programa “Casa Activa”, que el gobierno nacional dejó de financiar. Martínez señaló que una situación idéntica en Presidencia Roque Sáenz Peña fue asumida y finalizada por la provincia, algo que no ocurrió en Margarita Belén. “Nosotros Margarita Belén venimos siendo objeto de discriminación por parte de este gobierno provincial por razones políticas, no hay otra explicación”, afirmó, añadiendo que desde el inicio de la gestión provincial no han recibido apoyo de entes como Lotería Chaqueña, el Instituto del Deporte, SAMEP o SECHEEP.
El intendente detalló que el municipio asumió durante dos años el costo de custodiar y mantener la obra paralizada para evitar su deterioro, cansándose de lo que calificó como “mentiras” sobre su reactivación por parte del gobierno provincial. Ante la falta de soluciones y la urgente necesidad habitacional, su administración creó un programa municipal de acceso a la vivienda, seleccionando beneficiarios de una base de datos priorizada (docentes, policías, comunidades originarias, mujeres embarazadas) y entregando las unidades en su estado actual, con el compromiso de que los adjudicatarios las terminen y habiten.
Respecto a la cobertura mediática del caso, Martínez arremetió contra “medios que no son obviamente imparciales, sino que terminan siendo afines”, acusándolos de recibir “millones por mes de pauta” del gobierno provincial. “La plata que muchas veces no llega para la insulina, para los chicos que se mueren que tienen cáncer… toda esa plata la ponen en periodistas sobrados”, sostuvo.
Finalizó defendiendo la legalidad de su decisión, amparándose en la autonomía municipal y en el derecho constitucional al acceso a la vivienda. “Te puede gustar o no te puede gustar, pero nosotros lo hicimos en el marco de la ley”, concluyó.
