Un informe del Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) advierte que, para cumplir con la meta de superávit fiscal del 1,5% del PBI prevista en el Presupuesto 2026, el gobierno nacional podría necesitar un ajuste real de hasta el 19% en el gasto público no indexado, es decir, el gasto discrecional.
El análisis, elaborado por los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, considera tres variables clave que tensionarán las cuentas públicas este año: una inflación superior a la proyectada (estimada en 23% frente al 10,1% presupuestado), el costo agregado de las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, y la eventual aprobación del capítulo tributario de la reforma laboral.
Según el estudio, si la inflación llega al 23%, la recaudación tributaria crecería un 33% nominal, pero el gasto indexado (principalmente jubilaciones y AUH) aumentaría en la misma proporción, neutralizando ese ingreso extra. El problema se agravaría si se aprueban las rebajas impositivas de la reforma laboral, que implicarían una pérdida de recaudación de aproximadamente 0,83% del PBI (0,5% por menor recaudación de contribuciones patronales y 0,33% por la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas y otros tributos).
Bajo este escenario, el IERAL calcula que “el gasto discrecional debería caer un 19% real anual para cumplir” con el superávit del 1,5% del PBI. “Con una inflación esperada del 23%, esto implica que el gasto discrecional debería aumentar nominalmente sólo un 4% respecto de 2025”, señala el reporte. Incluso sin la reforma tributaria, el ajuste necesario sería del 9% real.
La experiencia de 2025
El informe del IERAL coincide con un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre el año pasado. En 2025, el gasto público total se mantuvo casi igual en términos reales al de 2024, pero con una dinámica interna muy distinta: el gasto indexado (jubilaciones) creció un 15% real, mientras que el gasto no indexado (subsidios, gasto social) cayó un 11% real.
El IARAF detalló que, en la práctica, para financiar una suba de las jubilaciones por 7,8 billones de pesos, el Gobierno recortó en otras partidas por 7,1 billones de pesos. La pregunta que plantean los analistas es si esta estrategia de “motosierra” selectiva podrá repetirse con la misma intensidad en 2026, especialmente si el Congreso aprueba medidas que reducen la recaudación.
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