Chaco: Empleados públicos podrán solicitar el retiro voluntario hasta el 31 de agosto
El Gobierno provincial habilitó una nueva etapa del Régimen de Retiro Voluntario, destinada a agentes de la administración pública interesados en adherirse al programa.
Las solicitudes podrán presentarse entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026, según lo establece la Resolución N° 284/2026 de la Secretaría General de la Gobernación. La medida se enmarca en la Ley Provincial N° 4200-H y busca avanzar en la modernización administrativa, mejorar la eficiencia estatal y optimizar el gasto público.
La Secretaría General de la Gobernación del Chaco habilitó la segunda etapa del Régimen de Retiro Voluntario Móvil destinado a trabajadores de planta permanente de la Administración Pública Provincial. La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º RES-2026-284-2-4, firmada por el secretario general Julio César Ferro.
Según establece la normativa a la que tuvo acceso la redacción de Radio Sudamericana Chaco, el nuevo período para presentar solicitudes se extenderá desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2026, luego de la finalización de la primera etapa, cuyo plazo venció el pasado 31 de mayo.
El régimen está dirigido al personal de planta permanente de los organismos que integran la Administración Pública Provincial y se enmarca en las disposiciones de la Ley 4200-H y su decreto reglamentario.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer la eficiencia administrativa, promover la modernización del Estado y optimizar la calidad del gasto público.
La resolución también incorpora un procedimiento complementario para la tramitación de las solicitudes. Entre los requisitos previstos, se establece que antes de otorgar el beneficio deberá verificarse si el agente posee sumarios administrativos en trámite que pudieran derivar en sanciones.
Asimismo, se prevén evaluaciones técnicas sobre los cargos involucrados con el objetivo de analizar el impacto que los retiros puedan generar en la prestación de los servicios públicos, la estructura organizativa de cada jurisdicción y la racionalización del gasto estatal.
