
La Cámara Segunda de Apelaciones del Trabajo de Resistencia intimó al gobierno provincial a restablecer el pago de la cláusula gatillo para los trabajadores de la educación y advirtió que, en caso de persistir el incumplimiento, podrían aplicarse multas económicas personales al gobernador Leandro Zdero .
La resolución fue firmada por la jueza Silvia Suárez, quien otorgó un plazo de sesenta días hábiles para que la administración provincial cumpla con la sentencia dictada el 20 de octubre de 2025, que ordenó restablecer el mecanismo de actualización salarial por inflación para los docentes chaqueños . El fallo original había sido impulsado por la Federación SITECh y establece que debe actualizarse el denominado “Valor Índice Uno”, parámetro utilizado para determinar los salarios del sector docente, aplicando los porcentajes acumulados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a los trimestres abril-mayo-junio y julio-agosto-septiembre de 2025 .
Un derecho consolidado desde 2019
La sentencia Nº 112, a la que accedió AL DIA CHACO, remarca que la interrupción del mecanismo de actualización violó el principio de intangibilidad salarial y de confianza legítima, ya que desde 2019 el Estado chaqueño venía aplicando de manera ininterrumpida ajustes trimestrales por inflación mediante decretos ejecutivos . El mecanismo se había iniciado mediante un acuerdo suscripto en 2019 con el entonces gobernador Oscar Domingo Peppo, y su mantenimiento fue una promesa de campaña del actual gobernador Zdero, por lo que fue incorporado como un componente estructural del salario, aunque no figurara en los recibos de haberes porque se abonaba dentro del salario básico.
La Cámara rechazó los argumentos de la Fiscalía de Estado, que había sostenido que no existía una norma que obligara al Ejecutivo a sostener la cláusula gatillo y que hacerlo implicaría “una intromisión en las competencias legislativas y una afectación presupuestaria” . Los jueces consideraron “insostenible la alegación de que el Decreto 575/25 fue un acto voluntario y discrecional”, al remarcar que la administración “no puede excusarse en la falta de presupuesto o en su déficit para incumplir compromisos asumidos en la negociación colectiva” .
El incumplimiento de la sentencia fue denunciado el 10 de marzo por el abogado Carlos Felipe Schwartz, lo que motivó la intervención de la magistrada . Ante esa presentación, la Cámara del Trabajo resolvió intimar al Ejecutivo provincial a adoptar las medidas necesarias para ejecutar lo ordenado en un plazo de sesenta días hábiles .
Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la advertencia de que, si el gobierno no cumple en el plazo fijado, se impondrán astreintes (multas económicas por cada día de demora) que podrían recaer de manera personal sobre el gobernador Leandro Zdero . La medida busca garantizar el cumplimiento del fallo mientras la causa continúa su trámite de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, instancia a la que la provincia apeló la sentencia .
La secretaria general de Atech, Rosa Petrovich, reclamó al gobierno provincial el cumplimiento inmediato del fallo judicial y advirtió que la intimación incluye la posibilidad de aplicar sanciones económicas sobre la propia persona del gobernador si el Ejecutivo provincial continúa sin acatar la resolución . “La Cámara había dado un plazo determinado para que el Gobierno cumpla con el pago de la cláusula gatillo que había dejado de pagar y que también cumpla con las venideras. Se venció el plazo que le había otorgado la Justicia y ahora lo que hace la Cámara es intimar por sesenta días al Gobierno para que cumpla con el pago de toda la cláusula gatillo que nos debe”, explicó la dirigente gremial .
Petrovich cuestionó con dureza la postura del gobierno provincial y consideró que el Ejecutivo debería reorganizar sus prioridades presupuestarias para cumplir con la sentencia judicial . La dirigente advirtió que el deterioro del salario docente se profundizó durante el último año debido a la suspensión de la cláusula gatillo y a los incrementos salariales otorgados por decreto. “La situación salarial docente es de hundimiento en la pobreza y en la indigencia”, afirmó .
Según estimaciones de los gremios, los salarios docentes se encuentran actualmente alrededor de un 30% por debajo de la inflación acumulada . Además, cuestionó el esquema de aumentos salariales anunciado por el gobierno provincial para este año: “El incremento impuesto por decreto fue de un 3% en febrero y un 2% en abril. Ese 5% ni siquiera va a alcanzar a cubrir la inflación del primer trimestre de este año”, sostuvo .
La dirigente recordó también que el propio gobernador Zdero había manifestado su respaldo al mecanismo de actualización salarial cuando se desempeñaba como dirigente opositor, e incluso había presentado un proyecto para que la cláusula gatillo se establezca por ley . No obstante, explicó que desde el punto de vista jurídico, el derecho a la actualización salarial docente ya cuenta con respaldo normativo en el Estatuto del Docente: “La cláusula gatillo tiene base en el artículo 47 del Estatuto del Docente, que obliga al Estado a actualizar los salarios para preservar su valor real” .
El Frente Gremial Docente celebró la decisión judicial y calificó el pronunciamiento como “una sentencia histórica” que reafirmó el carácter de derecho adquirido de la cláusula gatillo y su función de resguardar el poder adquisitivo del salario frente a la inflación .




