El ministro de Economía, Luis Caputo, avivó la polémica sobre los precios de la indumentaria al compartir una declaración del empresario textil Marcelo Fernández, quien admitió en televisión: “Estábamos caros”. La intervención del ministro profundiza el cruce con el sector, iniciado días atrás cuando afirmó que nunca compró ropa en Argentina porque “era un robo”.
Fernández, empresario del rubro, declaró en el programa “Solo una vuelta más” de TN: “Nosotros pudimos aumentar 11% los precios solamente desde el 2023 hasta la actualidad por una cuestión de que estábamos caros. Todo el empresariado nacional debería hacer un mea culpa que estábamos caros, no solo el textil”. Ante la consulta del periodista Diego Sehinkman, explicó que las empresas subían los precios “porque había consumo” y trasladaban porcentajes mayores a la inflación.
Caputo retomó esas palabras en la red social X, escribiendo: “Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente”. El mensaje del ministro refuerza su postura crítica, expresada días atrás cuando argumentó que “hay 47 millones de argentinos que, por 40 años, han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro y hasta 10 veces lo que vale en el mundo”.
Sin embargo, desde la industria textil local respondieron con contundencia. Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), apuntó contra el Gobierno: “No lograron desarmar ni un solo impuesto”. Criticó la comparación de Caputo con países como Bangladesh y remarcó que el producto importado compite de manera “desleal” al no afrontar la misma carga tributaria que la producción nacional.
El empresario Fernández también se refirió a este punto, señalando que el sector “está compitiendo de manera desleal” porque el producto importado “no tiene todos los impuestos que tenemos nosotros”.
El intercambio evidencia la tensión entre un gobierno que promueve la apertura de importaciones para abaratar precios y un sector industrial que reclama una reducción de la presión fiscal para poder competir, en medio de una crisis que ha llevado a una caída de la producción textil de casi 50% en dos años.
