A casi dos meses de la condena de\u00a0Aida Ayala\u00a0y\u00a0Jacinto Sampayo, entre otros exfuncionarios y empresarios, el Tribunal Oral Federal dio a conocer los fundamentos del fallo en la causa que expuso hechos de corrupci\u00f3n en la gesti\u00f3n de la ex intendente de Resistencia.<\/p>\n
La sentencia de 621 p\u00e1ginas, firmada por los jueces\u00a0Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Noem\u00ed Marta Berros, hace un largo recorrido desde los albores de la causa, hasta el proceso judicial, las acusaciones del Ministerio P\u00fablico Fiscal, la defensa de los imputados y las nulidades que sus defensores plantearon, todas rechazadas.<\/p>\n
El TOF concluy\u00f3 que PIMP SA, durante todo el periodo de su relaci\u00f3n contractual con el municipio,\u00a0\u00abgoz\u00f3 de un trato preferencial\u00bb y \u00ablaxo\u00bb en materia de control.\u00a0Seg\u00fan la documentaci\u00f3n de la causa, se destac\u00f3 que durante la intendencia de Ayala, para el periodo 2014-2015, se factur\u00f3 regularmente y sin demora el pago a PIMP SA, con un estimado de $ 39.163.150,2 solo en esos dos \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
La mayor\u00eda de los condenados, como se expuso en la lectura del veredicto el 10 de mayo, participaron en las operaciones con PIMP SA bajo la \u00abpermisividad\u00bb de ciertas previsiones normativas de la ley de sociedades comerciales (19550) durante 2014-2015. Las pr\u00e1cticas societarias como \u00absocio aparente\u00bb, \u00abpresta nombre\u00bb y \u00absocio oculto\u00bb, mencionadas por los fiscales Carniel, Garz\u00f3n y Gonella, se prohibieron reci\u00e9n con la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 34 de la Ley General de Sociedades por la ley 27444 en 2018.<\/p>\n
\u00abEsto no significa que los empresarios hayan estado habilitados para manipular situaciones ubicados detr\u00e1s (ocultos) o incluso visiblemente en las distintas empresas, conforme a la conveniencia o al r\u00e9dito dinerario posible de obtener, aun a costa de adecuar sus acciones en tipos delictivos\u00bb, respondi\u00f3 el tribunal. Marcan en esa l\u00ednea que,\u00a0<\/strong>empresas como TECMASA SA, RECIFIS SRL, y personas como Pedro Alberto Mart\u00ednez, Eulalio Alfredo Bouza y Alfonso Jos\u00e9 Campitelli, conformaban una especie de consorcio empresarial no declarado pero que funcionaba como tal.<\/p>\n Las pruebas citadas exponen que PIMS SA era \u00abcarente de la m\u00e1s m\u00ednima infraestructura operativa para llevar adelante un contrato como el que la Municipalidad de Resistencia le adjudic\u00f3, pero si\u00a0conformada por sujetos con una insaciable y voraz vocaci\u00f3n para la obtenci\u00f3n de fondos dinerarios\u00bb.<\/p>\n Los jueces expusieron que PIMP SA se asegur\u00f3 de que, en caso de quedar expuesta como una empresa sin capital propio y con inversiones a nombre de otros empresarios, sus aportes no se vieran comprometidos. Esto les permiti\u00f3 continuar operando sin mayores inconvenientes, utilizando procedimientos sumarios y otras soluciones que les permit\u00edan mantener su flujo de operaciones.<\/p>\n La empresa, descrita por el tribunal como \u00abla joya de la corona\u00bb,\u00a0recibi\u00f3 un trato preferencial que le permiti\u00f3 sortear exigencias documentales y operativas que otras empresas, como LUSA (Log\u00edstica Urbana SA), no pudieron cumplir. Este trato se reflej\u00f3 en la sobrecarga de requerimientos documentales que llevaron a LUSA a desistir de participar en las licitaciones.<\/p>\n El tribunal destac\u00f3 la falta de un control riguroso sobre PIMP SA, se\u00f1alando que las certificaciones por la prestaci\u00f3n de servicios se emitieron regularmente, y los pagos por parte del municipio se realizaron sin mayores contratiempos. Esta falta de control permiti\u00f3 que la empresa omitiera cumplir con varias obligaciones, como el pago de aportes patronales, lo que fue denunciado por el personal de la Cooperativa Las Palmeras.<\/p>\n En el lapidario fallo, el tribunal que conden\u00f3 a la ex intendente de Resistencia dijo que hubo de su marte un manejo \u00abdiscrecional y hasta puede decirse indiscriminadamente\u00bb de los recursos financieros, haciendo uso de su situaci\u00f3n de \u00abprivilegio\u00bb para influir en el \u00abfavorecimiento\u00bb a un grupo selecto de empresarios.<\/p>\n \u00abNo es dif\u00edcil concluir que, expuestos como quedaban los recursos tributarios propios de la municipalidad a manejos tan arbitrarios,\u00a0el deterioro del erario era una consecuencia directa de la desproporci\u00f3n que significaba pagar por servicios deficientes y peor a\u00fan, sin el menor gesto para corregirlos\u00bb, argumentaron.<\/p>\n El fiscal de la causa situ\u00f3 a\u00a0Jacinto Amaro Sampayo, secretario general \u00abcasi vitalicio\u00bb del sindicato de empleados municipales, al mismo nivel de poder y decisiones que Ayala. Sin embargo, el tribunal no encontr\u00f3 suficientes elementos para visualizar a Sampayo involucrado en los mismos \u00abnegocios\u00bb que la exintendenta. Aun as\u00ed, se reconoci\u00f3 su influencia en la municipalidad y su capacidad para presionar por determinados intereses.<\/p>\n El fallo tambi\u00e9n destac\u00f3 la manera en que Ayala construy\u00f3 su fuerza dentro del escenario municipal, \u00abdireccionando parte de su gesti\u00f3n hacia arreglos forzados e irregulares\u00bb, pero beneficiosos para ella y su c\u00edrculo \u00edntimo.<\/p>\n Daniel Alejandro Fischer, cercano a Ayala y de confianza debido a su militancia y su v\u00ednculo sentimental con una de las hijas de la exintendene, fue un nombre recurrente en estos emprendimientos. Ayala, en su defensa, resalt\u00f3 las cualidades profesionales de su equipo, aunque admiti\u00f3 que \u00ab\u2026no pod\u00eda estar en todo al mismo tiempo\u2026\u00bb, dejando una \u00abbrecha para reflexionar si realmente toda la actividad pod\u00eda pasar por su supervisi\u00f3n, su control en definitiva\u00bb. Algo que para el TOF debi\u00f3 ser as\u00ed.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A casi dos meses de la condena de\u00a0Aida Ayala\u00a0y\u00a0Jacinto Sampayo, entre otros exfuncionarios y empresarios, el Tribunal Oral Federal dio a conocer los fundamentos del fallo en la causa que expuso hechos de corrupci\u00f3n en la gesti\u00f3n de la ex intendente de Resistencia. 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