Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnolog\u00eda Agropecuaria (INTA) presentaron una acci\u00f3n de amparo en la justicia federal de San Mart\u00edn para frenar el cierre de la Estaci\u00f3n Experimental Agropecuaria del \u00c1rea Metropolitana de Buenos Aires (EEA-AMBA), ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaing\u00f3. La medida judicial busca “reinstalar las actividades del organismo” y cuestiona la legalidad de la decisi\u00f3n adoptada por el gobierno nacional, en el marco de su plan motosierra.<\/p>\n
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La presentaci\u00f3n fue impulsada por la Asociaci\u00f3n del Personal del INTA y la Junta Interna de ATE, junto a organizaciones de la agricultura familiar. En el escrito, sostienen que el cierre “carece de fundamento t\u00e9cnico y jur\u00eddico” y que deja sin asistencia a uno de los principales cinturones productivos del pa\u00eds.<\/p>\n
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La estaci\u00f3n experimental, que funcionaba desde hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os, ten\u00eda influencia sobre 39 municipios del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, brindando asistencia t\u00e9cnica, capacitaci\u00f3n e investigaci\u00f3n aplicada a miles de productores. Seg\u00fan los gremios, su clausura implica una interrupci\u00f3n “abrupta” de pol\u00edticas p\u00fablicas clave para el abastecimiento alimentario de una regi\u00f3n donde viven m\u00e1s de 16 millones de personas.<\/p>\n
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Los gremios tambi\u00e9n enmarcan la disputa en t\u00e9rminos de derechos sociales. Se\u00f1alan que la agricultura familiar genera el 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el pa\u00eds y m\u00e1s de la mitad del empleo rural, por lo que consideran que el cierre del INTA AMBA implica una regresi\u00f3n en el derecho a la alimentaci\u00f3n. “Todos los d\u00edas consumimos productos del cintur\u00f3n hort\u00edcola, no commodities de exportaci\u00f3n. El abandono de estos productores tiene consecuencias directas en la mesa de los argentinos”, remarcaron.<\/p>\n
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Desde el punto de vista legal, el amparo cuestiona la resoluci\u00f3n oficial por considerarla “arbitraria, inmotivada y basada en normas inexistentes o derogadas”. Adem\u00e1s, plantea que la medida contradice leyes nacionales y tratados internacionales que garantizan el acceso a la ciencia y la tecnolog\u00eda, en particular para los sectores de la agricultura familiar.<\/p>\n
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El conflicto se inscribe en un proceso m\u00e1s amplio de reestructuraci\u00f3n del INTA, que incluye retiros voluntarios, recortes presupuestarios y la posible transferencia de tierras a la Agencia de Administraci\u00f3n de Bienes del Estado. En ese marco, los sindicatos denuncian que detr\u00e1s del cierre existe un objetivo inmobiliario. Las versiones period\u00edsticas apuntan especialmente al empresario Eduardo Elsztain, a quien vinculan con el inter\u00e9s por los terrenos del predio, y al titular de la AABE, Nicol\u00e1s Pakgojz.<\/p>\n
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“El objetivo ser\u00eda vender tierras p\u00fablicas a precio de remate para emprendimientos inmobiliarios”, advierten en la presentaci\u00f3n judicial, donde incluso mencionan la existencia de antecedentes de investigaciones penales por operaciones similares.<\/p>\n
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El rechazo tambi\u00e9n se hizo sentir a nivel local. En Ituzaing\u00f3, el Concejo Deliberante declar\u00f3 el predio como “\u00e1rea de preservaci\u00f3n ambiental, productiva y patrimonial”, destacando su rol estrat\u00e9gico en la producci\u00f3n agroecol\u00f3gica y el abastecimiento del conurbano. Con la presentaci\u00f3n judicial en marcha, el futuro de la estaci\u00f3n experimental queda ahora en manos de la Justicia, en un caso que combina conflicto laboral, pol\u00edtica cient\u00edfica y disputa por el uso de tierras p\u00fablicas.<\/p>\n
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