La justicia federal de Resistencia orden\u00f3 este martes una serie de allanamientos en el marco de la investigaci\u00f3n por presuntas irregularidades financieras que habr\u00edan provocado un perjuicio econ\u00f3mico de m\u00e1s de 1.500 millones de pesos a la Municipalidad de Presidencia Roque S\u00e1enz Pe\u00f1a y a otros inversores institucionales\u00a0.<\/p>\n
Los procedimientos se realizaron de manera simult\u00e1nea en la sede de la Bolsa de Comercio del Chaco, en Resistencia; en la Municipalidad de S\u00e1enz Pe\u00f1a; y en los domicilios particulares del secretario de Gobierno de esa comuna, Diego Landriscina, y de la secretaria de Econom\u00eda, Mar\u00eda Alejandra Quintana. Las medidas fueron impulsadas por el fiscal federal Patricio Sabadini y autorizadas por la jueza Zunilda Niremperger\u00a0.<\/p>\n
Fuentes judiciales confirmaron que el gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, fue interceptado en el peaje de Makall\u00e9 cuando se dirig\u00eda a S\u00e1enz Pe\u00f1a. Si bien se secuestr\u00f3 su tel\u00e9fono celular, no est\u00e1 detenido y continu\u00f3 viaje hacia la ciudad termal, donde se presentar\u00eda ante el fiscal Marcelo Soto para prestar declaraci\u00f3n, acompa\u00f1ado por su abogado defensor, Adri\u00e1n Gait\u00e1n\u00a0.<\/p>\n
La causa se origin\u00f3 a partir de una denuncia presentada por el diputado provincial Santiago P\u00e9rez Pons y concejales justicialistas de S\u00e1enz Pe\u00f1a, que alertaron sobre la inversi\u00f3n de fondos p\u00fablicos en instrumentos financieros de alto riesgo no autorizados por el Ejecutivo municipal\u00a0. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, el Municipio habr\u00eda operado en el mercado de cheques no garantizados a trav\u00e9s de la Bolsa de Comercio, con un presunto desv\u00edo de los par\u00e1metros de inversi\u00f3n conservadora que establece la normativa para los recursos p\u00fablicos\u00a0.<\/p>\n
Las p\u00e9rdidas para la comuna de S\u00e1enz Pe\u00f1a ascender\u00edan a unos 1.500 millones de pesos, aunque otras fuentes elevan la cifra a 1.800 millones\u00a0. Adem\u00e1s, se estima que alrededor de 50 organismos \u2014entre municipios, consejos profesionales y colegios\u2014 habr\u00edan resultado damnificados por operatorias similares, aunque muchos evitaron radicar denuncias para no exponerse p\u00fablicamente\u00a0.<\/p>\n
Paralelamente, la investigaci\u00f3n eval\u00faa el posible rol de Diego Landriscina, secretario de Gobierno de S\u00e1enz Pe\u00f1a, quien habr\u00eda intentado inscribirse como agente productor ante la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, tr\u00e1mite que fue rechazado por su condici\u00f3n de Persona Pol\u00edticamente Expuesta. La Justicia investiga si pudo haber percibido comisiones equivalentes a las de un operador habilitado y si existieron pagos por cheques que luego cayeron en default\u00a0.<\/p>\n
En los allanamientos participaron efectivos de la Polic\u00eda Federal Argentina y personal de la AFIP-ARCA, que secuestraron documentaci\u00f3n f\u00edsica y respaldos electr\u00f3nicos vinculados a las operaciones financieras bajo investigaci\u00f3n . Los voceros oficiales desmintieron que se haya ordenado un allanamiento en la Municipalidad de Charata, como hab\u00eda circulado en algunos trascendidos.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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