La reciente Ley de Inocencia Fiscal est\u00e1 generando un clima de inseguridad jur\u00eddica que transforma al asesoramiento t\u00e9cnico en una actividad de alto riesgo patrimonial, encareciendo los honorarios profesionales y dejando a las pymes en un estado de vulnerabilidad. As\u00ed lo advirti\u00f3 Lucas Clemente Guti\u00e9rrez, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas (CPCE) del Chaco, en una columna de opini\u00f3n.<\/p>\n
Si bien la ley no menciona expresamente al profesional como sujeto de sanci\u00f3n, su implementaci\u00f3n pr\u00e1ctica y la magnitud de las multas desplazan una carga de riesgo hacia el asesor que, seg\u00fan Guti\u00e9rrez, es ajena a su funci\u00f3n. “No estamos ante un debate t\u00e9cnico sobre qui\u00e9n debe pagar una multa, sino ante una reflexi\u00f3n m\u00e1s profunda: \u00bfpuede el Estado exigir un cumplimiento perfecto cuando sus propias herramientas son imperfectas?”, cuestion\u00f3.<\/p>\n
El profesional destac\u00f3 la contradicci\u00f3n de que el Estado exija cumplimiento bajo penas millonarias mientras sus plataformas digitales \u2013como el Portal IVA o el sistema de Comprobantes en L\u00ednea\u2013 “colapsan sistem\u00e1ticamente, devolviendo errores de ‘servicio no disponible'”. “No se puede castigar al contribuyente ni al profesional por la propia impericia tecnol\u00f3gica de los organismos de control”, sostuvo.<\/p>\n
Este escenario, seg\u00fan el titular del CPCE, impacta directamente en la estructura de costos de los estudios contables. “Ante la inseguridad jur\u00eddica imperante, el riesgo asociado al ejercicio profesional se traslada necesariamente al valor del servicio, encareci\u00e9ndolo”, explic\u00f3. Esto genera un c\u00edrculo vicioso donde las pymes que no puedan afrontar estos nuevos costos quedar\u00e1n m\u00e1s expuestas a sanciones por incumplimientos derivados de la burocracia estatal.<\/p>\n
Guti\u00e9rrez alert\u00f3 tambi\u00e9n sobre el riesgo de la “quiebra por multa”, al considerar que las sanciones propuestas “no guardan proporci\u00f3n con la realidad econ\u00f3mica de los honorarios profesionales ni con la capacidad de pago de los peque\u00f1os contribuyentes”. “Cuando la sanci\u00f3n supera la capacidad de subsistencia, se transforma en una confiscaci\u00f3n encubierta”, afirm\u00f3.<\/p>\n
Desde el Consejo Profesional, pidieron al Estado que garantice sistemas que funcionen las 24 horas, reglas claras donde cada actor asuma su responsabilidad real, y una revisi\u00f3n de la reglamentaci\u00f3n de la ley. “El profesional en Ciencias Econ\u00f3micas quiere ayudar a que este pa\u00eds crezca, pero no puede hacerlo con una espada de Damocles sobre su cabeza”, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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