Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos del Chaco utilizando una matrícula ajena, será indagada este jueves a las 9 en Sáenz Peña, en una causa que incorporó una de las imputaciones más graves del Código Penal: homicidio con dolo eventual.
La medida estará a cargo del fiscal Marcelo Soto, quien lleva adelante la investigación contra la mujer de 43 años, conocida como la “falsa médica”, y que actualmente permanece detenida en la División Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña.
Ojeda fue imputada por tres delitos en concurso real: usurpación de títulos y honores, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual. La acusación se sustenta, hasta el momento, en tres hechos denunciados formalmente, aunque la causa podría ampliarse en las próximas horas.
Los investigadores también analizan nuevas presentaciones vinculadas con otras dos muertes y un caso de amputación de una pierna, situaciones en las que la acusada habría intervenido como profesional de la salud sin contar con título habilitante ni matrícula propia.
La investigación se originó a partir de una denuncia realizada por Orlando Di Núbila, director de la Zona Sanitaria II, tras detectar presuntas irregularidades durante guardias médicas en hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. De acuerdo con la pesquisa, Ojeda utilizaba la matrícula profesional 6822, perteneciente a otro médico.
En los allanamientos realizados en Sáenz Peña se secuestraron documentación médica, uniformes, insumos sanitarios y restos de papeles quemados con sellos oficiales del sistema de Salud Pública, elementos que los investigadores consideran relevantes para la causa. También se incorporó un teléfono celular secuestrado durante el operativo que permitió detenerla en la provincia de Buenos Aires.
Uno de los aspectos más delicados del expediente apunta a que la mujer habría atendido pacientes y firmado certificados de defunción pese a no estar habilitada legalmente para ejercer la medicina.
En paralelo, el Gobierno del Chaco se constituyó como querellante en la causa. La secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, aseguró que las denuncias fueron realizadas “en cuestión de horas” tras detectarse las irregularidades y destacó que el Ejecutivo provincial impulsó las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.
Luego de que se comprobara que la matrícula utilizada pertenecía a otro profesional, la Justicia ordenó allanamientos y una captura nacional. Tras permanecer prófuga, Ojeda fue localizada en la provincia de Buenos Aires y posteriormente extraditada al Chaco, donde quedó a disposición de la Justicia.
La indagatoria prevista para este jueves marcará un paso clave en una investigación que podría sumar nuevas acusaciones a medida que avancen las pericias y se incorporen más denuncias.