La investigación judicial por la desaparición y el destino de Axel Alejandro González sumó un avance este martes. A través de una extensa y compleja resolución firmada por la titular del Equipo Fiscal N° 14, Julieta Arolfo, la Justicia provincial habilitó una exhaustiva batería de medidas probatorias destinadas a reconstruir de manera milimétrica las horas críticas en que se perdió el rastro del joven. El decreto judicial, que responde a un encendido cruce de peticiones entre los defensores técnicos y las partes querellantes, pone especial foco en el accionar de las fuerzas de seguridad apostadas en la localidad de Fontana.
El documento judicial revela un viraje fundamental hacia el control del accionar policial durante los días en que se desarrollaron los acontecimientos. A instancias de los requerimientos presentados por el abogado querellante, Ricardo Osuna, la fiscalía libró órdenes estrictas a la Dirección General de Seguridad Metropolitana y a la División Operaciones Motorizadas para que remitan documentación respaldatoria de carácter reservado. El pedido incluye copias certificadas de las órdenes de servicio, planillas operativas, nóminas de personal y la asignación de móviles afectados a las tareas preventivas entre las 21:30 horas del 16 de mayo de 2026 y las 05:00 horas del día siguiente, cuando desaparece Axel González.
El rastrillaje tecnológico sobre el despliegue policial será exhaustivo. La justicia provincial ordenó el secuestro y análisis de las planillas de recorridas, las identificaciones de personas en la vía pública y las actas de novedades confeccionadas. Sin embargo, el dato técnico más contundente radica en la orden de auditar los registros de geolocalización satelital (GPS y sistema AVL) correspondientes a la motocicleta oficial identificada con el dominio interno XR-189. Los peritos judiciales cotejarán el recorrido en tiempo real de dicha unidad y las comunicaciones radiales emitidas durante esa franja horaria, manteniendo bajo reserva y evaluación para las próximas etapas el impacto de las antenas de telefonía celular sobre los dispositivos personales de los policías involucrados.
Detenidos
En paralelo, los tribunales se transformaron en el escenario de una incesante pasarela de testigos civiles que buscan aportar datos sobre las circunstancias del hecho entre ellos detenidos en la comisaría Segunda de Fontana en la ventana de tiempo en la que desapareció Axel González.
En la resolución de la fiscal de instrucción también se incorporaron las presentaciones del Comité para la Prevención de la Tortura, organismo que denunció presuntos hechos de amedrentamiento y afectación de derechos hacia los familiares de Axel González durante las marchas y actividades de visibilización pública, ante lo cual la magistrada instó a canalizar las denuncias por las vías administrativas o penales correspondientes.