La escribana Adriana Nechevenko, que intervino en tres operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni, enfrenta serios cuestionamientos por presunto incumplimiento de las normativas de prevención de lavado de activos. Así lo indicaron fuentes judiciales y especialistas en la materia tras las declaraciones de la profesional ante el fiscal Gerardo Pollicita.
“¿Preguntó a las prestamistas el origen de los fondos?”, consultó el fiscal. “No, porque las conocía”, respondió Nechevenko. Ese breve diálogo encendió las alarmas en Comodoro Py, donde consideran que la escribana incumplió con los pasos básicos exigidos a un funcionario público de fe.
En noviembre de 2025, la escribana le consiguió a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, un préstamo de 100.000 dólares. Ese mismo día, Angeletti depositó esa suma más 20.000 dólares adicionales en el Banco Galicia. Ese préstamo privado tiene un interés del 11% anual con exigencia de devolución en noviembre próximo. Adorni ya devolvió 30.000 dólares y le restan 70.000.
En el caso del departamento de Caballito (Miró 500), fue el propio jefe de Gabinete quien consiguió la hipoteca privada que garantizaron dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Alicia Veigas, quienes prestarán declaración testimonial esta semana. Cada una proporcionó 100.000 dólares, y el matrimonio aportó 30.000, totalizando una escritura de 230.000 dólares.
Fuentes allegadas al expediente señalaron que “se podría estar ante un presunto incumplimiento de la normativa anticipado y de ciertos deberes que no puede pasar por alto una escribana pública”. En consecuencia, se analiza si corresponde abrir una investigación para determinar si Nechevenko incurrió en algún posible delito.
La exintegrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la gestión macrista, María Eugenia Talerico, explicó: “Por reglamentación UIF, la escribana tiene que conocer el origen del dinero que se usa, más sabiendo que es una persona políticamente expuesta donde la debida diligencia es reforzada. La escribana no puede hacer intermediación financiera ni conseguir fondos para operaciones”.
Talerico agregó: “La escribana debió, ante la inusual financiación de esa operación, más el bajo precio pagado de la calle Miró, además de las operaciones que tenía concatenadas, hacer un Reporte de Operación Sospechosa de la UIF, y queda obviamente abarcada por el incumplimiento de las normas de prevención del lavado si no hubiera hecho un ROS”. El plazo fijado para hacer el reporte es de 24 horas.
Un escribano de larga trayectoria explicó que el cliente “puede ser de riesgo bajo, medio o alto. Si es persona expuesta políticamente, sería riesgo alto de lavado de activos. Más si es habitual y no ocasional. Entonces tengo que tener diligencia reforzada”.
La abogada e integrante del Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre, exjefa de Gabinete de la UIF, señaló: “Un escribano no es un mero espectador formal del acto. La Ley 25.246 incluye expresamente a los escribanos entre los sujetos obligados, y la Resolución UIF 242/2023 les exige identificar al cliente, verificar si es una persona expuesta políticamente, requerir declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos”.