La vereda de la Escuela de Educación Técnica N°16 “Primero de Mayo” se lleno de carteles y lágrimas, en medio de la bronca y el dolor. Familiares, amigos y allegados de Fernanda Almada, una adolescente de 18 años que se quitó la vida, llegaron hasta la institución con una consigna clara: pedir justicia y que lo ocurrido no se repita.
El acoso escolar no era nuevo. Según relataron, existían antecedentes formales y advertencias que, aseguran, no fueron atendidas.
Una prima de la joven, reconstruyó ese recorrido con una mezcla de impotencia y dolor. Contó que el año pasado ya se había firmado un acta donde se señalaban situaciones de hostigamiento que involucraban a varios estudiantes. “Figuran nombres y no hicieron nada”, sostuvo.
En paralelo, el acoso, según denuncian, no se limitaba al ámbito escolar. También se trasladaba a redes sociales y grupos de mensajería, donde circulaban mensajes violentos dirigidos a la adolescente. Para la familia, ese entorno terminó profundizando un cuadro que ya era delicado.
“Estaba medicada, no podía dormir, tenía crisis”, relató su prima, quien incluso aseguró que iba a la escuela para acompañarla durante los recreos por miedo a dejarla sola.
Con ese trasfondo, la protesta frente al colegio no fue solo una manifestación: fue una descarga acumulada. Carteles con frases como “Justicia por Fernanda” y “No más bullying” marcaron el clima de la jornada. En medio de la tensión, hubo momentos de fuerte confrontación con las autoridades escolares. El director se retiró del lugar en medio de los reclamos, mientras la presencia policial buscaba contener la situación.
Pero el reclamo no apuntaba solo a una persona. La familia cuestionó el rol de toda la estructura institucional: desde directivos hasta equipos de orientación, a quienes acusan de no haber intervenido de manera adecuada.
Horas después de la protesta, llegó la primera respuesta institucional. Desde el Ministerio de Educación confirmaron el apartamiento del director y de una asesora pedagógica, además de la intervención de un equipo interdisciplinario. La medida busca, en principio, ordenar la situación dentro del establecimiento y avanzar en el análisis de lo ocurrido. Sin embargo, para la familia no alcanza.
“No queremos traslados, queremos responsabilidades”, plantearon durante la manifestación, donde también exigieron sanciones para los estudiantes involucrados y medidas concretas que prevengan nuevos casos.
Más allá de las decisiones administrativas, el caso dejó expuesta una problemática que excede a una sola escuela. La familia insiste en que no se trata de un hecho aislado y asegura que existen otros alumnos atravesando situaciones similares. “Hay chicos con miedo, chicos medicados que no hablan”, advirtieron.
La muerte de Fernanda, entonces, no solo generó conmoción. También puso en discusión cómo se detecta, se aborda y se actúa frente al bullying en las instituciones educativas, mientras la familia continúa exigiendo justicia y responsabilidades concretas por lo ocurrido.