El sistema sanitario del Chaco atraviesa una crisis que ya no se puede disimular. Hace algunos años, desde el propio ámbito oficial se reconocía un déficit de más de mil médicos en el sistema público. Con el paso del tiempo, esa cifra no solo NO se redujo, sino que se profundizó: hoy el faltante supera ampliamente ese número y expone una estructura cada vez más debilitada.
Detrás de los números hay una realidad que se repite en hospitales y centros de salud: profesionales agotados, salarios que pierden frente a la inflación, guardias extendidas y una sobrecarga que impacta directamente en la atención.
La ecuación es cada vez más crítica: menos profesionales disponibles implica más pacientes por médico, más horas de trabajo y menos tiempo para cada consulta.
Las guardias están saturadas, los turnos se demoran y la calidad de atención se resiente. Aun así, el sistema sigue en pie por el compromiso de quienes continúan trabajando en condiciones que muchos califican como “al límite”.
Desde el sector advierten que el desgaste ya es estructural y que, sin medidas concretas, la situación puede volverse irreversible.
La migración de médicos hacia el sector privado, otras provincias e incluso el exterior se aceleró en los últimos años. Las razones se repiten: bajos salarios, falta de insumos, infraestructura deficiente y escaso reconocimiento.
Mientras tanto, la demanda en el sistema público no baja. Por el contrario, crece. Y en ese contexto, sostener la atención se vuelve cada vez más difícil.
A esta crisis estructural se suma un nuevo foco de tensión que tiene en vilo a varias familias chaqueñas: las dificultades en las coberturas del INSSSEP.
En los últimos meses, padres y madres de niños con patologías complejas recurrieron a la Justicia para garantizar la continuidad de tratamientos médicos específicos, muchos de ellos con profesionales que ya vienen siguiendo los casos y lograron avances significativos.
Entre esos casos está el de Guillermina. Su madre, Cecilia González, visibilizó la situación tras advertir que la continuidad del tratamiento de su hija dependía de una resolución judicial.
Gracias a la atención especializada que venía recibiendo, Guillermina logró avances clave: identificar y controlar sus crisis convulsivas, algo fundamental para su calidad de vida.
Sin embargo, la incertidumbre sobre la cobertura encendió la alarma. Como ella, otras familias atraviesan situaciones extremas. Uno de los casos más duros es el de un niño que llegó a registrar cientos de convulsiones en un solo día, reflejando la gravedad de estas patologías y la necesidad de tratamientos sostenidos. Y así, un montón de casos más que siguen luchando día a día.
Ante este escenario, un grupo de familias presentó un amparo judicial para garantizar la continuidad de las prestaciones. La definición quedó ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia, que deberá resolver si el InSSSeP debe cubrir estos tratamientos de manera integral.
La decisión no es menor: de ella depende que muchos niños puedan seguir con terapias que ya demostraron resultados concretos.
La crisis sanitaria en el Chaco no se explica por un solo factor. Es el resultado de años de desgaste, falta de recursos y decisiones que no lograron revertir un problema estructural.
Hoy, el escenario es claro: faltan médicos, sobran pacientes y crece la incertidumbre en torno al acceso a la salud, tanto en el sistema público como en el ámbito de cobertura social.
Porque sin profesionales no hay atención posible. Y sin respuestas en organismos clave como el InSSSeP, las familias quedan solas frente a situaciones límite.