Un video transmitido en vivo por TikTok desde un penal expuso en tiempo real el modus operandi de las bandas de “sextorsión” que operan desde cárceles argentinas. El usuario Nicolás.79 realizaba un vivo desde su celda, pero detrás de él se escuchaba con claridad cómo un grupo de presos ejecutaba una extorsión telefónica paso a paso.
El audio revela el funcionamiento completo de una modalidad que crece en el país. Los interlocutores actúan con un guion preciso: uno simula ser agente de una comisaría, usa vocabulario técnico, menciona una denuncia penal y reproduce ruidos de radio policial para dar credibilidad. El objetivo es generar pánico inmediato en la víctima.
La mecánica es siempre la misma. La víctima recibe una acusación grave, por ejemplo haber intercambiado fotos con un menor tras un contacto en una app de citas. A partir de ahí, todo es presión: “Si cortás, vamos a tu casa”, advierten. “Tenemos todos tus datos, vos hablaste con un menor en una aplicación y no queremos que se enteren tus papás, te vamos a ayudar, haceme caso a mí”.
La salida ofrecida siempre es la misma: pagar para frenar una causa inexistente. “Te voy a tratar de sacar por este medio, sin ir a tu domicilio, sin que nadie se entere, sin que se enteren tu mamá, tu papá, ni nadie. ¿Estás de acuerdo?”, insiste el falso policía.
El video confirma que la captación se inicia en plataformas de citas con perfiles falsos que buscan generar confianza rápidamente. Luego aparece una supuesta madre indignada o una advertencia previa, y finalmente el llamado del “policía”. Los estafadores se coordinan entre ellos durante la comunicación, lo que evidencia una estructura organizada donde cada integrante cumple un rol: quien seduce, quien acusa y quien cobra.
Autoridades judiciales y especialistas en ciberdelito vienen advirtiendo que estas bandas funcionan como verdaderos centros de operaciones dentro de cárceles bonaerenses, utilizando teléfonos celulares para cometer delitos a distancia.
El caso recuerda a la investigación que reveló la existencia de una organización similar que operaba desde penales y extorsionó a múltiples víctimas en todo el país. Entre ellas estuvo el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien atravesó la misma secuencia de engaños y amenazas antes de suicidarse mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta de Olivos.
Ante estos casos, los investigadores remarcan una regla básica: ninguna comisaría exige dinero para evitar una causa ni resuelve delitos por teléfono. Tampoco se ordenan detenciones inmediatas sin intervención judicial formal. El problema, señalan, es que el engaño no apunta a convencer racionalmente sino a paralizar.
