El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei se encamina a su tratamiento en el Senado este miércoles, en medio de un escenario de profundas divisiones políticas, sindicales y empresariales. La iniciativa, que propone modificaciones en indemnizaciones, período de prueba, fondos de cese laboral y regulación de huelgas, cuenta con respaldos sectoriales pero también con fuertes objeciones incluso de sectores que originalmente acompañaban.
Apoyos: gobernadores, el oficialismo y la UIA
El proyecto es impulsado con firmeza por La Libertad Avanza, que lo considera una pieza clave para la modernización del mercado laboral, la atracción de inversiones y la generación de empleo formal.
Un grupo de gobernadores dialoguistas, entre ellos mandatarios de Chaco, Mendoza, San Juan y Salta, manifestaron su respaldo o predisposición a acompañar la iniciativa, ofreciendo los votos de sus legisladores provinciales en el Senado.
La Unión Industrial Argentina (UIA) también respalda el proyecto, señalando que una actualización del marco laboral es “condición para generar empleo formal y dar previsibilidad a las empresas”. Sectores pymes expresaron una visión similar, al considerar que la flexibilización puede favorecer la contratación.
Rechazos: CGT, centrales sindicales y una grieta empresaria
La CGT y otras centrales sindicales rechazan la iniciativa de manera contundente, denunciando una “flexibilización encubierta” y una pérdida de derechos adquiridos. El sindicalismo anticipó movilizaciones y medidas de fuerza en paralelo al debate legislativo.
Pero el rechazo más resonante de las últimas horas provino de sectores del propio empresariado. Cámaras mayoristas como CADAM criticaron con dureza una modificación de último momento al artículo 128 del proyecto, que elimina el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias y los vuelve obligatorios.
Según estas entidades, el cambio implica un sistema de recaudación automática sin controles públicos ni transparencia, cuyos fondos —destinados al INACAP— aumentan con cada mejora salarial pactada en paritarias. La crítica alcanza a las propias cámaras que participan de las negociaciones paritarias, como la CAC y CAME, que a su vez administran esos recursos.
Originalmente, la reforma establecía que los aportes serían voluntarios a partir de 2028. La modificación que mantiene su obligatoriedad generó malestar incluso en sectores que antes apoyaban el proyecto.