El presidente Javier Milei firmó este martes en Davos el acta de integración de Argentina al “Board of Peace” (Directorio de la Paz), una iniciativa lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump. La adhesión se concretó en una ceremonia con escasa representación de países occidentales, donde solo participaron Argentina, Paraguay y Hungría, junto a varias naciones de Asia, África y la ex Unión Soviética.
Según fuentes de Cancillería, el ministro Pablo Quirno instruyó verbalmente a la Dirección de Organismos Internacionales (DIOIN) para que elabore un dictamen que permita no someter la incorporación al organismo al Congreso Nacional. Esta postura se fundamentaría en el argumento de que no se trata de un tratado internacional.
Sin embargo, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional establece que es atribución del Poder Legislativo “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales”. Expertos constitucionalistas consultados consideran que la integración a cualquier órgano multilateral, especialmente uno con posibles implicancias en materia de seguridad como el Board —cuyo primer objetivo declarado es la reconstrucción de Gaza—, requiere aprobación parlamentaria.
Durante la ceremonia en Suiza, Trump presentó la junta ejecutiva del organismo, integrada por su yerno Jared Kushner, el delegado para Medio Oriente Steve Witkoff, el secretario de Estado Marco Rubio y el ex primer ministro británico Tony Blair. Kushner detalló planes arquitectónicos y de infraestructura para la reconstrucción de la Franja de Gaza, gestionados a través de su fondo de inversión Affinity Partners.
La convocatoria del Board no contó con la adhesión de potencias occidentales como los países de la Unión Europea —excepto Hungría—, Canadá, Brasil o México. Tampoco asistieron miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, aparte de Estados Unidos. Organizaciones como Human Rights Watch han manifestado que el organismo busca eludir los parámetros de derechos humanos de Naciones Unidas.
Desde la Rosada se reconoció que Argentina no aportará los mil millones de dólares requeridos para ser socio pleno, optando por una membresía temporal de tres años. Mientras el gobierno avanza en su estrategia de alineamiento externo, se anticipa que la eventual presentación de la adhesión al Congreso generaría un debate intenso sobre los compromisos internacionales que asume el país.