Desde la Casa Rosada descartan una resolución rápida en el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y anticipan que su posible liberación está ligada a una transición política “lenta” en ese país. Fuentes oficiales reconocen que no poseen información concreta que indique una liberación en el corto plazo y advierten que el proceso “puede demorarse más de lo esperado”.
Según informaron a este medio voceros del Gobierno nacional, la Argentina se informa sobre la situación a través de canales indirectos, principalmente mediante comunicaciones con funcionarios extranjeros y reportes de inteligencia provenientes de agencias de Estados Unidos, Israel e Italia. Al no contar con representación diplomática propia en Caracas —la Embajada de Italia ejerce esa representación— ni con agentes de la Secretaría de Inteligencia en terreno, la administración de Javier Milei depende de la información que compartan sus aliados.
La estrategia oficial se basa en un seguimiento técnico y una cautela pública para no entorpecer las gestiones. Si bien existe la expectativa de que Gallo sea liberado en 2026, desde el Gobierno vinculan cualquier avance al ritmo de la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un proceso que califican como incierto y que, estiman, no incluirá elecciones antes de un año.
“Primero Estados Unidos tiene que ver si le cumplen acuerdos”, agregaron las fuentes, en alusión a los compromisos que Washington podría estar negociando con los actores políticos venezolanos. La administración mantiene contactos con el Departamento de Estado norteamericano, encabezado por Marco Rubio, y descarta por el momento un acercamiento a figuras de la oposición venezolana como Edmundo González Urrutia o María Corina Machado, al considerar que no cuentan con un aval explícito de Washington.
El presidente Milei reiteró este jueves, tras su participación en el Foro de Davos, su preocupación por la situación del gendarme, aunque expresó esperanza de que pueda regresar al país. Mientras tanto, la Cancillería mantiene activa la recomendación de no viajar a Venezuela, y el Gobierno sostiene que apoyará “bajo cualquier término” las operaciones de Estados Unidos en la región.