La docencia chaqueña atraviesa una crítica situación salarial que se agrava mes a mes. Desde julio de 2025, los trabajadores de la educación dejaron de percibir la actualización por cláusula gatillo, un mecanismo diseñado para evitar que los ingresos se deprecien por completo frente a la inflación. La justificación oficial en su momento fue la herencia de deudas del gobierno anterior y la falta de margen fiscal para recomponer haberes.
Sin embargo, la perspectiva no ha mejorado. Recientemente, el propio ministro de Hacienda provincial reconoció que, sin ayuda financiera de la Nación, incluso el pago de los salarios de planta presenta dificultades. Esta declaración es interpretada por el sector como un preludio a la negativa de otorgar aumentos significativos en el futuro cercano.
La pérdida de poder adquisitivo no se detiene. Con el inicio de 2026, los docentes sufrieron un recorte silencioso: el descuento por el seguro de “Alta Complejidad” pasó del 1% al 2% de sus haberes, un golpe adicional a un salario que, según señalan, ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
El contraste con la economía cotidiana es abrumador. Mientras el salario se estanca, los precios de los bienes y servicios esenciales no dejan de subir: el boleto de colectivo ronda los $1900, el litro de nafta los $2000, las tarifas eléctricas alcanzan niveles impagables y la carne se acerca a los $20.000 el kilo.
Frente a este escenario, muchos se preguntan por la ausencia de medidas de fuerza contundentes. La respuesta desde las bases docentes apunta a una dura realidad económica: realizar un paro hoy es “económicamente inviable”. Un día de huelga implica un descuento aproximado de $40.000, a lo que se suma la pérdida del presentismo, que ronda los $67.000. Para un docente que llega con lo justo a fin de mes y está endeudado, asumir esa pérdida resulta imposible. No se trata, aclaran, de falta de compromiso, sino de pura supervivencia.
A este cálculo se le suma un contexto de silencio gremial a nivel de convocatorias masivas, ausencia de movilizaciones visibles y un temor latente a la represión. Esta combinación deja a la docencia, según su percepción, “atada de manos y pies”, obligada a continuar trabajando mientras se empobrece en silencio.
La conclusión que plantean es categórica: un salario docente de indigencia no es sostenible. Sostienen que educar en estas condiciones es cada vez más difícil y que naturalizar este deterioro conduce a un punto sin retorno. Su reclamo se centra en lo básico: salarios que no sigan perdiendo sistemáticamente contra la inflación y reglas claras que no castiguen siempre al mismo sector.
El mensaje final es una advertencia: sin docentes dignamente remunerados, no hay educación posible.